Hace escasos días se publicaba en prensa que CELSA, la mayor empresa siderúrgica de España solicitaba a un Juzgado de Madrid que, dadas las circunstancias provocadas por la emergencia sanitaria del COVID 19, le exonerase de pagar un vencimiento de deuda que expiraba de manera inminente, puesto que no hacerlo hubiera supuesto la pérdida de la propiedad de la compañía, y que esta solicitud era admitida vía medidas cautelares amparadas en la “rebus sic stantibus”.